(territoriodigital.com) El juez federal Luis Rodriguez pidió a Gendarmería el peritaje sobre las comunicaciones entrantes y salientes en los celulares de los policías que custodian al polémico magistrado
El juez federal Luis Rodríguez pidió a las compañías telefónicas la remisión de un análisis de las llamadas del subsecretario de Legal y Técnica, Carlos Liuzzi, y el juzgado de Norberto Oyarbide, que desembocaron en la suspensión del allanamiento a la financiera “Propyme”.
Fuentes judiciales informaron ayer que el magistrado también solicitó a la Gendarmería un peritaje sobre los llamados entrantes y salientes aquel día en los teléfonos móviles de los policías que custodian a Oyarbide, ya que, según las compañías, el juez no tiene aparatos a su nombre.
Y, además, el registro de comunicaciones mantenidas por el financista Guillermo Groppi, que denunció haber recibido un pedido de coimas de parte de los policías federales enviados al allanamiento por Oyarbide y llamó a Liuzzi, de quien se declaró amigo personal.
Las compañías informaron que Liuzzi tiene ocho teléfonos celulares y el secretario del juzgado Carlos Leiva, cuatro.
El allanamiento a “Propyme” tuvo lugar el 19 de diciembre pasado en el marco de una investigación sobre lavado de dinero y fue levantado luego de que Oyarbide recibió un llamado de Liuzzi advirtiéndole de presuntas irregularidades en el procedimiento que le había comentado Greppi.
Oyarbide reconoció a la prensa que ordenó suspender el allanamiento tras el llamado que recibió del segundo del secretario de Legal y Técnica, y ahora está imputado junto a Liuzzi en el expediente que lleva adelante el juez Rodríguez.
El magistrado hizo lugar al pedido formulado la semana pasada por el fiscal federal Ramiro González, que impulsó la investigación tras el desarchivo de la causa ordenada por la Cámara Federal porteña.
Además, el juez lleva adelante una causa contra Liuzzi por supuesto enriquecimiento ilícito y, semanas atrás, reclamó al titular de la Oficina Anticorrupción, Julio Vitobello, las declaraciones juradas que presentó el subsecretario desde el año 2003 y lo propio hizo con el titular de la Afip, Ricardo Echegaray.
El juez también reclamó al jefe de Gabinete, Jorge Milton Capitanich, que a través de la Subsecretaría de Gestión y Coordinación Administrativa, se le remita copia certificada del legajo personal de Liuzzi.
La investigación abarca también al entorno familiar de Liuzzi: su actual pareja, Thaiss del Corazón de Jesús Hidalgo; su ex, Gloria María Eugenia Martínez, y su hijo Carlos Marco Liuzzi.
La investigación contra Liuzzi había sido archivada por Oyarbide, pero tras el reconocimiento público del magistrado sobre la suspensión del allanamiento, a instancias del funcionario, el fiscal Patricio Evers pidió la reapertura.
Después la Cámara Federal ordenó la reapertura y apartó a Oyarbide de la investigación.
Fuentes judiciales informaron ayer que el magistrado también solicitó a la Gendarmería un peritaje sobre los llamados entrantes y salientes aquel día en los teléfonos móviles de los policías que custodian a Oyarbide, ya que, según las compañías, el juez no tiene aparatos a su nombre.
Y, además, el registro de comunicaciones mantenidas por el financista Guillermo Groppi, que denunció haber recibido un pedido de coimas de parte de los policías federales enviados al allanamiento por Oyarbide y llamó a Liuzzi, de quien se declaró amigo personal.
Las compañías informaron que Liuzzi tiene ocho teléfonos celulares y el secretario del juzgado Carlos Leiva, cuatro.
El allanamiento a “Propyme” tuvo lugar el 19 de diciembre pasado en el marco de una investigación sobre lavado de dinero y fue levantado luego de que Oyarbide recibió un llamado de Liuzzi advirtiéndole de presuntas irregularidades en el procedimiento que le había comentado Greppi.
Oyarbide reconoció a la prensa que ordenó suspender el allanamiento tras el llamado que recibió del segundo del secretario de Legal y Técnica, y ahora está imputado junto a Liuzzi en el expediente que lleva adelante el juez Rodríguez.
El magistrado hizo lugar al pedido formulado la semana pasada por el fiscal federal Ramiro González, que impulsó la investigación tras el desarchivo de la causa ordenada por la Cámara Federal porteña.
Además, el juez lleva adelante una causa contra Liuzzi por supuesto enriquecimiento ilícito y, semanas atrás, reclamó al titular de la Oficina Anticorrupción, Julio Vitobello, las declaraciones juradas que presentó el subsecretario desde el año 2003 y lo propio hizo con el titular de la Afip, Ricardo Echegaray.
El juez también reclamó al jefe de Gabinete, Jorge Milton Capitanich, que a través de la Subsecretaría de Gestión y Coordinación Administrativa, se le remita copia certificada del legajo personal de Liuzzi.
La investigación abarca también al entorno familiar de Liuzzi: su actual pareja, Thaiss del Corazón de Jesús Hidalgo; su ex, Gloria María Eugenia Martínez, y su hijo Carlos Marco Liuzzi.
La investigación contra Liuzzi había sido archivada por Oyarbide, pero tras el reconocimiento público del magistrado sobre la suspensión del allanamiento, a instancias del funcionario, el fiscal Patricio Evers pidió la reapertura.
Después la Cámara Federal ordenó la reapertura y apartó a Oyarbide de la investigación.
