Varios fondos e individuos que reclaman el pago de la deuda argentina argumentaron hoy ante un tribunal federal de esta ciudad que se rechace la apelación argentina ante la decisión previa para que Buenos Aires realice los pagos.
Los fondos, entre ellos NML, Elliott Management y Aurelius Capital, solicitaron también que se rechace la solicitud de los tenedores de bonos de deuda argentina que aceptaron los canjes de 2005 y 2010 de anular la decisión de octubre.
Estas entidades e individuos presentaron a última hora de la noche del viernes, justo cuando acababa el plazo, sus argumentos para el estudio de la apelación argentina ante la decisión que en 2012 tomó el juez federal Thomas Griesa de que la Argentina compense a los fondos que poseen bonos no reestructurados.
La Argentina apeló esa decisión y un tribunal de apelaciones decidió a finales de noviembre congelar su aplicación hasta que se estudie esa reclamación.
En el documento presentado hoy, los fondos rechazan además el argumento argentino acerca de que la decisión del juez Griesa viola la ley estadounidense sobre inmunidad de la propiedad soberana (FSIA por sus siglas en inglés), ya que el tribunal "meramente instruye a Argentina a cumplir la promesa contractual de igualdad de trato y no impone un dominio sobre propiedad soberana".
Los fondos también consideran que los bonistas que aceptaron los canjes carecen de fundamento en sus afirmaciones de que se verían perjudicados si la Argentina no les paga porque se ve obligada a la vez a reembolsar a los fondos.
"Es difícil creer que un deudor con más de 40.000 millones en reservas accesibles, incluso Argentina, arriesgaría su segundo impago en 11 años y la aceleración de 10.000 millones de principal solo para evitar pagar aproximadamente 1440 millones de dólares", añaden.
"Argentina tiene suficientes recursos para cumplir todas sus obligaciones" tanto con los fondos demandantes como con los bonistas que aceptaron el intercambio de deuda, por lo que una decisión de no pagar "será enteramente suya".
El documento añade que, incluso suponiendo que los tenedores de deuda reestructurada tuvieran razón y la Argentina decidiera no pagarles a fin de "castigar" a los demandantes, "conservarán su derecho de demandar a Argentina" por esa violación contractual.
(territoriodigital.com) Buenos Aires presentó a finales de diciembre sus argumentos, en los que hizo referencia a la posibilidad de reabrir el proceso de reestructuración para que ingresen los acreedores que no se adhirieron en su momento, aunque supeditó esa propuesta a que el tribunal obligue a ingresar en el canje a los fondos litigantes.
Los fondos de inversión Elliott Management y Aurelius Capital litigan en los tribunales americanos para lograr que se les abone la totalidad de los bonos impagos en su poder, tras rechazar los canjes propuestos por el país en 2005 y 2010.
Antecedentes
En primera instancia el juez Thomas Griesa, les reconoció que la Argentina no había respetado la cláusula de "pari passu" y dictaminó que se les debe abonar 1.300 millones de dólares en efectivo y en un pago.
El Gobierno nacional apeló la medida y la Cámara de Apelaciones de Nueva York suspendió el fallo de Griesa hasta que se defina el fondo de la cuestión, que es el tratamiento que la Argentina debe tener para con éste grupo de acreedores.
En su presentación del 28 de diciembre pasado la Argentina deslizó la posibilidad de reabrir los canjes de 2005 y 2010 para ofrecerle una nueva oportunidad a estos grupos inversores.
Próximos pasos
Hasta este momento, la Argentina desconoció la existencia de los bonos que están en poder de los fondos Elliot Management y Aurelius Capital, por lo cual no les realizó ningún pago de intereses ni de capital.
El próximo viernes 1° de febrero el gobierno nacional tendrá la posibilidad de contestar los puntos planteados por los inversores y el 27 de febrero habrá una audiencia oral donde ambas partes formularán sus alegatos finales.
A partir de esa fecha la Cámara de Apelaciones se tomará un tiempo para dictar su sentencia definitiva sobre el litigio que hizo peligrar el normal pago de la deuda performer.
La Argentina basará su estrategia en dejar abierta la posibilidad de permitirles a los inversores que no entraron en las canjes de 2005 y 2010 cambiar sus títulos, bajo condiciones similares.
En el alegato final de la Argentina quedará definitivamente planteada la posibilidad de que el país ofrezca una nueva reapertura del swap, para lo cual sería imprescindible una suspensión parcial de la denominada Ley Cerrojo.
Por imposición de esta última norma, ninguna operación posterior a los canjes ya realizados podía contener aspectos más beneficiosos que los que obtuvieron aquellos que sí aceptaron el trueque.
