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23 de junio de 2012

Paraguay: destituyeron al presidente Fernando Lugo

 Fernando Lugo fue destituido de la presidencia de Paraguay y reemplazado por el vicepresidente, Federico Franco, al cabo de un polémico proceso de juicio político considerado por varios países de la región como un golpe institucional.  Unasur habla de golpe de Estado y advierte sobre consecuencias. Argentina, Brasil, Ecuador y otros países, no reconocen a Franco.
El Senado destituyó al presidente Lugo por hallarlo culpable de mal desempeño en sus funciones, en el juicio político impulsado por colorados, liberales, patriaqueridistas y oviedistas. Unasur habla de golpe de Estado y advierte sobre consecuencias.
Una votación que terminó con 39 senadores a favor de la destitución y cuatro en contra, producto de la alianza de todas las fuerzas opositoras que pergeñaron el trámite parlamentario, determinó la salida del cargo de Lugo, después de 1376 días al frente del Palacio de López.
Una vez conocido el resultado de la sentencia, Lugo dio un mensaje en el que aceptó el fallo del Congreso "aunque la ley haya sido torcida" y llamó a que cualquier manifestación en las calles sea "pacífica", para que "la sangre de los justos no se derrame nunca más por causas mezquinas".
Franco asumió la primera magistratura del país, y en su primer mensaje convocó a todos los paraguayos a hacer su aporte para que el país supere los "momentos difíciles" que atraviesa y se manifestó respetuoso de la Constitución y los tratados internacionales firmados por Paraguay.
No obstante, los cancilleres de los países integrantes de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) adelantaron que analizarán la situación surgida tras el polémico proceso parlamentario, y el mandatario ecuatoriano, Rafael Correa, anunció que se niega a reconocer el nuevo gobierno paraguayo.
Ni las masivas manifestaciones de respaldo al ex obispo en las calles y rutas, ni los pronunciamientos de casi todos los presidentes de la región, ni tampoco la presencia de los cancilleres de la Unasur en Asunción pudieron torcer una decisión que pareció preparada desde mucho antes de iniciada la jornada.
Desde el mediodía se sucedieron a una velocidad inusitada -"un juicio express", había dicho Lugo por la mañana- la defensa de Lugo, la presentación y evaluación de pruebas, los alegatos de las partes y la sentencia.
Al ahora ex presidente se lo responsabilizó por la muerte de 17 personas -11 campesinos y 6 policías- durante el operativo de desalojo de una hacienda ocupada por sin tierras, en la localidad de Curuguaty, al noreste del país.
El documento acusatorio contenía sólo cinco argumentos contra el todavía jefe del Estado: la masacre de Curuguaty, una pasada reunión de jóvenes socialistas en la sede de las Fuerzas Armadas, la firma del protocolo de Ushuaia II, la inseguridad, y la promoción de las ocupaciones de tierras.
A la votación se llegó después de que los abogados de Lugo, que eligió no presentarse en persona ante el Senado, pidieron la nulidad del proceso, desestimaron los argumentos de la acusación, cuestionaron los plazos del mecanismo y denunciaron un virtual golpe de Estado legislativo.
En similares términos se expresaron bloques y organismos internacionales, que aunque admitieron que se siguió un mecanismo constitucional, advirtieron que se trató de un "golpe institucional".
En los 39 votos de la destitución se unieron las bancadas de los partidos Colorado, Liberal Radical Auténtico (PLRA) -ex aliado de Lugo- y Patria Querida y de la Unión Nacional de Ciudadanos Eticos (Unace). Votaron a favor del cuestionado mandatario tres luguistas (Sixto Pereira, Carlos Filizzola y Alberto Grillón) y el liberal Luis Wagner Lezcano.
Casi en simultáneo con la difusión de la destitución, en las afueras del Congreso chocaron seguidores de Lugo y la policía, que reprimió con gases, chorros de agua y balas de goma la concentración contraria al proceso convocada por el Frente Guasú, la estructura más cercana al ahora ex presidente.
En la sede gubernamental, Lugo anunció que aceptaba el fallo del Congreso, aunque aclaró que en ese proceso fueron "transgredidos todos los principios de la defensa de manera cobarde y alevosa".
"No es Lugo, es la historia y la democracia paraguaya la que fue herida profundamente. Me despido como presidente, pero no como ciudadano. Voy a servir a esta nación allí donde me necesite. Lugo no responde a la claque política, ni a las mafias, ni al narcotráfico", remarcó Lugo, con su equipo de gestión como escolta.
Tras la sentencia, parte de la expectativa se trasladó hacia la actitud que podían adoptar los países integrantes de la Unasur, porque apenas dos horas antes el bloque había advertido que el juicio político representaba una "amenaza de ruptura del orden democrático".
Tras reunirse con Lugo primero y con Franco después, el grupo de cancilleres que viajó de urgencia a Asunción dio a conocer una declaración en la que advirtió que el mecanismo activado por el Congreso "podría ser comprendido" entre la ruptura del orden constitucional contemplado por los tratados del Mercosur, la Unasur y la Celac.
Tras la votación nominal, fue el canciller de Venezuela, Nicolás Maduro, quien alertó que la decisión del Congreso "tiene visos de golpe de Estado", por lo que los diplomáticos informarán a los respectivos presidentes del bloque sudamericano para que analicen los pasos a seguir.
Una postura también crítica adoptaron los países integrantes del Alba, que, durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, en Washington, equipararon el juicio político con un golpe de Estado.


El proceso a la tarde
El Senado declaró un cuarto intermedio de cinco minutos antes de emitir una sentencia en el juicio que se le sigue al presidente Lugo. Temen que los manifestantes intenten cruzar las vallas de seguridad que rodean al Congreso. La suerte del presidente Fernando Lugo se conocerá en minutos, dado que el titular del Congreso Jorge Oviedo Matto, levantó la sesión de presentación de alegatos de forma oral. Finalmente se llamó a una sesión extra para emitir la sentencia.

Una vez reanudada la sesión, los legisladores emitirán el fallo sobre la inocencia o culpabilidad del presidente Lugo, acusado de mal desempeño en sus funciones.
La propuesta de apurar la sentencia fue del senador colorado Juan Carlos Galaverna, quien advirtió sobre el ambiente caldeado entre los manifestantes.
“En las plazas están planeando atropellar la sede”, manifestó.
La versión fue rechazada por el senador luguista Carlos Filizzola, quien pidió al menos 30 minutos antes de que la Cámara Alta resuelva sobre el juicio.
Finalmente se puso a consideración ambas posturas y prosperó la del senador Galaverna.
Luego de escuchar la admisión de pruebas y los alegatos finales, los senadores comenzarán a votar para decidir sobre la destitución, o no, del presidente paraguayo Fernando Lugo. La ciudadanía en general, como la sociedad internacional está expectante con la decisión que tome el pleno de la Cámara de Senadores, ante la crisis política que se desató, tras los enfrentamientos entre policías y campesinos, registrados en Curuguaty.
5 puntos
El juicio político presentado a Fernando Lugo tiene 5 puntos: la matanza de 17 personas (11 campesinos y 6 policías) en el fallido allanamiento en Curuguaty, la crisis con los campesinos carperos en Ñacunday, la inseguridad en el país, el mal uso de los cuarteles militares para actividades políticas y la firma del protocolo de Ushuaia II que habilita a la Unasur intervenir si está en riesgo la democracia.
De concretarse la destitución de Fernando Lugo, como presidente de la República del Paraguay, el cargo será ocupado por el actual vicepresidente, Federico Franco.

El pedido de prórroga
El Senado dio por finalizada la sesión extraordinaria de admisión luego de que el tribunal, conformado por los legisladores, haya recibido las pruebas de la parte acusatoria. La defensa no remitió documento alguno. El senador luguista Carlos Filizzola había solicitado al pleno de la Cámara Alta otorgar al presidente Lugo tres días más antes de analizar las pruebas en su contra y emitir una sentencia, en el juicio político que se le sigue. Pero esa moción recibió sólo tres votos a favor, por lo que se decidió mantener los plazos del juicio político.

Al reiniciarse el juicio político, el parlamentario de País Solidario mocionó prorrogar por 72 horas el estudio de pruebas y la sentencia del juicio político iniciado en la víspera.
Filizzola nuevamente insistió en el poco tiempo brindado a la defensa del presidente Lugo para hacer frente a las acusaciones.
“Pido, mociono si podemos dejar aquí esto y cerrar esta sesión extra y a partir de ahora dar 72 horas para tratar los demás estudios y terminar finalmente con la sentencia”, refirió.
Sobre el tema, el senador colorado Juan Carlos Galaverna manifestó su oposición y consideró que los abogados de Lugo tuvieron suficiente tiempo para exponer sus argumentos.
“Cuando los abogados terminaron de exponer la defensa, el presidente del tribunal de la cámara prácticamente le solicitó que siga exponiendo, señalándole que le quedaban 15 minutos”, refirió.
Indicó que el pleno incluso estaba dispuesto a sumar una hora de gracia a las dos horas establecidas para la defensa, en caso de ser necesario, sin embargo los representantes de Lugo hicieron uso de sólo una hora con 45 minutos.
“El argumento de que necesitan más tiempo es improcedente”, aseveró.
Galaverna criticó que los abogados de Lugo se dedicaran a planear una acción de inconstitucionalidad en el Senado, cuando debían limitarse a responder a las acusaciones contra el mandatario.
El legislador colorado calificó de “defensor trucho” al procurador Enrique García, integrante del equipo defensor del Presidente.
“Hay que acabar de una vez con el tema de los plazos”, refirió.
En este momento continúa el debate sobre establecer o no más tiempo al presidente Lugo. (ABC Color)