(yamisiones.com) Tras los alegatos el Fiscal ayer acusó por abandono de persona agravado
por el vínculo y pidió una pena de 5 años. La defensa en tanto solicitó
la nulidad de la acusación por considerar que no está claro de qué se
acusa a María, “el fiscal no pudo construir una hipótesis acusatoria”,
remarco la defensa. Hoy a las 9 se retoma la audiencia. El Tribunal
deberá resolver el planteo de la defensa y podría dictar hoy mismo la
libertad de María Ovando.
La causa María Ovando llega hoy a su etapa de definición. A las 9 el
Tribunal Penal de Eldorado dará a conocer la decisión sobre el planteo
de nulidad presentado ayer por la defensa tras los alegatos.
El Dr. Eduardo Paredes reclamó la nulidad de la acusación por basarse
en testimonios de testigos excluidos y por considerar que el Fiscal no
pudo describir claramente de qué acusaba a María “Cuál es la hipótesis
acusatoria, no está descripta, se toma a una nena de 6 años que tiene 4
versiones diferentes de la historia, se han cometido barbaridades como
exhibirla en canales de televisión, .no hay capacidad de verificación,
si uno toma el expediente hay 4 historias de la nena, esto no puede ser
admisible en un juicio. La hipótesis acusatoria es una formulación de
cargo que se supone esta verificado, por inducción se construye una
acusación no puedo hacer una evanescencia, es un problema que arranca
con la imputación originaria”, destacó el defensor.
Paredes agregó “nunca se supo de que murió, un despropósito originario” y
agregó “la formulación de la acusación es nula porque se construye
sobre testigos excluidos, la madre, el padre y la hermana, sacamos esto
y qué queda... cuál es la acusación, que tenía piojos, si hay actores
dando vuelta no hay abandono, formulo la nulidad de la acusación la
nulidad del requerimiento formal”.
La respuesta de la defensa se escuchó después del extenso alegato del
fiscal Federico Rodríguez que antes de pedir una pena de 5 años de
prisión a María Ovando debió reformular la imputación y acusar por
abandono de persona agravada por el vinculo sin la resultante de la
muerte porque reconoció que no pudo probarse las causas.
“No cabe duda de que la Sra. Ovando cometió un hecho gravísimo y la
pena en este caso, debería ser cercana a los 9 años... abandonaba a su
hijo y no introyectaba pautas sociales adecuados. Es importante que
introyete las pautas necesarias para resocializarse”, dijo Rodríguez sin
poder describir con claridad cuál es el delito que estaba imputándole.
“Se pudo evidenciar una vez más la debilidad de la causa contra María.
El fiscal no pudo ni siquiera encuadrar los hechos por los cuales se le
imputa el delito de abandono agravado" apuntó la Dra. Roxana Rivas,
otra de las defensoras de Maria Ovando
“María hacía más de lo que podía, nadie ayudó a esta mujer, ni sus
maridos, ni su suegra, ninguno hizo aporte. Es terrible decir que este
juicio se utilizó para gente excluida, de pobres contra pobres. En su
pobre declaración la suegra de Ovando dijo: 'A mí me dan las
mercaderías, el señor intendente, la concejal, ahora hasta me traen en
camioneta'. Se debe poner un límite a la conducta del aparato político
en este tipo de hechos”, agregó Paredes.
A las 9 de hoy está fijado la continuidad de la audiencia, de la que
participan veedores, organizaciones sociales y referentes políticos como
Vilma Ripoll ex diputada nacional del MST que sigue el debate desde la
semana pasada.
“Este juicio gira en torno a una niña muerta que por único documento una
partida de defunción, una niña a la que le fueron violados todos los
derechos humanos por parte del Estado, los derechos objetivos de los
niños fueron observados y no fueron reparados por ningún funcionario,
estimo porque no sabían. Este estado que, a través de sus agencias,
viola tan severamente todos los derechos no tiene habilidad ética para
condenar, no tiene base ética”, remarcó Paredes.
Advirtió que esta causa nunca debió llegar a juicio. “Esta problemática
social nunca debió ser atendida por sistema penal, nunca debió haberse
permitido llegar a esta instancia”. El defensor destacó a demás que
durante este juicio quedó claro el incumplimiento de la obligación que
tienen los funcionarios públicos de denunciar la situación de riesgo en
la que vivía María y su familia.