La acción judicial -equivalente a un amparo- fue presentada el día martes 19 ante el juzgado Civil y Comercial N° 2 por el legislador Héctor Bárbaro, del Partido Agrario y Social, quien el pasado 19 de setiembre hizo uso de la nueva ley para que el Ministerio del Agro diera a conocer los datos requeridos.
El organismo no respondió en forma acabada a la requisitoria aduciendo que las entidades ejecutoras no remitieron la información pese a la solicitud formal del ministerio, por lo que quedó habilitada la vía judicial para obligar a la cartera agraria, y por su intermedio a las entidades tabacaleras, a dar a conocer el detalle de lo invertido.
El legislador había recurrido primero a la herramienta con la que cuentan los diputados para conocer este tipo de datos mediante un pedido de informes, “pero como pasa con casi todos los pedidos de informes, no respondieron”, por lo cual decidió hacer uso de la Ley de Acceso a la Información Pública “como ciudadano común, porque tengo derecho a conocer cómo fueron invertidos tantos millones de pesos, y a través mío, los productores tienen derecho a saber si su dinero estuvo bien invertido o hubo corrupción en el manejo, como se sospecha”, señaló.
El diputado agrario aseguró que con la información parcial recibida como respuesta a su solicitud de información pública, “ya comprobamos que hubo dirigentes de las asociaciones que no sufrieron daños por granizo e igualmente cobraron fondos suculentos, tanto ellos como sus familiares directos, por lo que necesitamos el resto de la información para confirmar el real alcance de las maniobras y realizar las denuncias penales correspondientes”.