Luego de rechazar ocho recursos sucesivamente interpuestos por las compañías, la Justicia dispuso que este lunes comience la etapa de pruebas en un pleito contra Massalin Particulares y Nobleza Picardo, en el que se pretende que las empresas tabacaleras constituyan un fondo fiduciario para garantizar tratamientos a las personas víctimas del tabaquismo.
La ministra de Seguridad, Nilda Garré, fue quien como legisladora denunció el lobby de las tabacaleras, y se presentará a declarar ante el juez en la causa que quiere multar a las empresas del sector por los efectos nocivos de sus productos.
En este proceso, una ONG y un particular exigen a las firmas que paguen no a ellos sino al Estado una suma de dinero que se destinará a prestar atención médica a las víctimas del tabaco.
En total las empresas tabacaleras podrían ser condenadas a pagar unos 4.000 millones de pesos anuales durante 30 años, que serán destinados para crear un fondo fiduciario cuyos beneficiarios serán la Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.
Estos distritos podrán presentarse no para pedir dinero sino para pedir medicina de excelencia así financiada y gastos de asistencia médica causada por las enfermedades que genera el tabaco, en ex fumadores activos nacidos entre 1937 y 1976, con un mínimo como fumador de 10 años; y ex fumadores pasivos que hayan trabajado en la administración pública por un plazo no menor a 15 años, según lo que establece el Resumen Abreviado del Proceso Colectivo.
Con este fallo se evitaría el "efecto cascada", por el cual ante el éxito de un caso se presentan una importante cantidad de demandas con la misma finalidad.
En el banquillo de los acusados estarán los presidentes de las empresas Massalin Particulares y Nobleza Piccardo. Se citará como testigos a cargo a entidades médicas, a sanitaritas como Aldo Neri, y a la ministra Garré.
El juez Enrique Lavié Pico –a cargo del juzgado federal en lo contencioso administrativo Nº 6- admitió la legitimidad de las demandas al disponer "la apertura a prueba de las presentas actuaciones".
La demanda se basa en el "dolo incidental", previsto en el artículo 934 del Código Civil.
