La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, consideró en un dictamen elevado a la Corte Suprema de Justicia que no prescribió la causa en la que se investigan las maniobras ilícitas que habrían tenido lugar en la licitación, adjudicación y ejecución de la represa hidroeléctrica de Yacyretá.
La jefa de los fiscales compartió la decisión de la Cámara Federal, de octubre de 2012, según la cual no se violó el plazo razonable del proceso y la causa debe seguir su curso. Gils Carbó destacó en su escrito las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino en materia de persecución a la criminalidad económica. Según la procuradora, no corresponde hacer lugar al recurso extraordinario planteado por la defensa de los imputados, y la Corte Suprema debe confirmar lo resuelto por la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal, que rechazó la prescripción.
Gils Carbó recordó que Yacyretá fue "una obra de gran envergadura, no sólo por la inversión económica que implicaba su construcción, con utilización de fondos públicos de ambos Estados, sino también porque constituía una innovación trascendente en términos de aprovechamiento hidroeléctrico y de mejoramiento de las condiciones de navegabilidad del Río Paraná".
El proceso judicial se originó en 1988, a partir de una denuncia por presuntas irregularidades vinculadas con la licitación, adjudicación y ejecución del emprendimiento y, en particular, con el cobro indebido de reembolsos. En 1989, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas puso en conocimiento del tribunal la posible existencia de un hecho ilícito en la adquisición de equipos generadores y turbinas; y en 1990 se denunciaron nuevos cobros ilegítimos de reembolsos.
Lo cierto es que a lo largo de los años se llevaron a cabo numerosas medidas de investigación y las partes interpusieron una importante cantidad de recursos en las distintas instancias judiciales, con la intervención del máximo tribunal en dos oportunidades , destacó la jefa de los fiscales. Agregó que se trata de una causa compleja, donde se investiga una considerable cantidad de hechos con la participación de numerosas personas.
Para Gils Carbó, el análisis procesal sobre la duración del proceso "debe ser efectuado a la luz de los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino frente a la comunidad internacional, tales como las normas contra la corrupción". En ese sentido, destacó que en las investigaciones "están en juego no sólo la actuación transparente de sus funcionarios como representantes del Estado, sino centralmente la protección del patrimonio público como bien común y la eficiencia del Estado como promotor de obras de innovación de infraestructura".
