(territoriodigital.com) Campagnoli comprobó una maniobra de Báez y sus allegados para repatriar 65 millones de dólares que antes habían sido fugados al exterior a través de la financiera SGI.
José María Campagnoli, el fiscal que investigó al empresario ligado al gobierno Lázaro Báez, fue suspendido ayer por el Jurado de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal. La procurada general Alejandra Gils Carbó fue la impulsora del proceso que podría terminar en su destitución.
La suspensión implica una reducción del 30 por ciento del sueldo de Campagnoli, viudo y con cinco hijos.
La audiencia se realizó a puertas cerradas. El presidente del Tribunal de Enjuiciamiento, Ernesto Kreplak, un integrante de La Cámpora, rechazó mantener un encuentro previo con una serie de diputados que se acercaron hasta el edificio de la Procuración.
"En un estado de derecho, toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y a que se presuma su inocencia. La discrepancia de criterio acerca del modo y estrategia con que Campagnoli debió dirigir la investigación a su cargo, no puede en modo alguno constituir una causal para una suspensión o enjuiciamiento", advirtieron los diputados en su presentación. La firmaron, entre otros, Manuel Garrido (UCR), Laura Alonso (Pro), Patricia Bullrich (Unión por Todos), Graciela Ocaña (Confianza Pública) y Adrián Pérez (Frente Renovador).
Campagnoli también se acercó al lugar y pidió ser escuchado. Pero no lo dejaron entrar. Igualmente hizo un descargo por escrito y recusó a varios de los miembros del Jury.
Además de Kreplak, el Tribunal está integrado por Daniel Adler (fiscal general), Rodolfo María Ojea Quintana (designado por el Senado), Juan Octavio Gauna (designado por la Corte Suprema), Rodrigo Sebastián Bacigalupi (de la Federación Argentina de Colegios de Abogados), Adriana Olga Donato (del Colegio Público de Abogados), María Cristina Martínez Córdoba (de la Defensoría General de la Nación).
La reunión del jury comenzó al mediodía y se extendió por varias horas. Primero debieron resolver una serie de cuestiones preliminares .
El fiscal Campagnoli llegó al juicio político tras una batalla judicial con los abogados de Lázaro Báez. El primer paso fue la recusación en el marco de la causa por extorsión por la venta de SGI, donde Federico Elaskar pasó de acusado a acusador.
Los abogados del empresario patagónico consideraron que el fiscal debía apartarse porque su hermana es dirigente de la Coalición Cívica. La jueza Gabriela Lanz y luego la Cámara del Crimen ratificaron su investigación, pero el caso se terminó unificando con la causa por lavado de dinero que lleva adelante el juez federal Sebastián Casanello.
La investigación
Campagnoli comprobó una maniobra de Báez y sus allegados para repatriar 65 millones de dólares que antes habían sido fugados al exterior a través de la financiera SGI conocida como "La Rosadita". Las empresas vinculadas a Báez vendieron títulos públicos en la Bolsa, luego los convirtieron a pesos y los depositaron en la cuenta que Austral Construcciones tiene en el Banco de la Nación.
Los abogados denunciaron al fiscal por "abuso de poder" y "mal desempeño", y lograron que el caso sea estudiado por el Consejo Evaluador del Ministerio Público Fiscal, integrado por cinco fiscales, cuatro de ellos de la agrupación "Justicia Legítima".
La Procuradora General Alejandra Gils Carbó convalidó esta semana el dictamen del Consejo Evaluador y dispuso elevar el caso al Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público. Además, la Procuradora -autora intelectual de "Justicia Legítima"- le pidió al Tribunal que disponga la suspensión de Campagnoli hasta que se defina si debe ser removido por mal desempeño.
La suspensión implica una reducción del 30 por ciento del sueldo de Campagnoli, viudo y con cinco hijos.
La audiencia se realizó a puertas cerradas. El presidente del Tribunal de Enjuiciamiento, Ernesto Kreplak, un integrante de La Cámpora, rechazó mantener un encuentro previo con una serie de diputados que se acercaron hasta el edificio de la Procuración.
"En un estado de derecho, toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y a que se presuma su inocencia. La discrepancia de criterio acerca del modo y estrategia con que Campagnoli debió dirigir la investigación a su cargo, no puede en modo alguno constituir una causal para una suspensión o enjuiciamiento", advirtieron los diputados en su presentación. La firmaron, entre otros, Manuel Garrido (UCR), Laura Alonso (Pro), Patricia Bullrich (Unión por Todos), Graciela Ocaña (Confianza Pública) y Adrián Pérez (Frente Renovador).
Campagnoli también se acercó al lugar y pidió ser escuchado. Pero no lo dejaron entrar. Igualmente hizo un descargo por escrito y recusó a varios de los miembros del Jury.
Además de Kreplak, el Tribunal está integrado por Daniel Adler (fiscal general), Rodolfo María Ojea Quintana (designado por el Senado), Juan Octavio Gauna (designado por la Corte Suprema), Rodrigo Sebastián Bacigalupi (de la Federación Argentina de Colegios de Abogados), Adriana Olga Donato (del Colegio Público de Abogados), María Cristina Martínez Córdoba (de la Defensoría General de la Nación).
La reunión del jury comenzó al mediodía y se extendió por varias horas. Primero debieron resolver una serie de cuestiones preliminares .
El fiscal Campagnoli llegó al juicio político tras una batalla judicial con los abogados de Lázaro Báez. El primer paso fue la recusación en el marco de la causa por extorsión por la venta de SGI, donde Federico Elaskar pasó de acusado a acusador.
Los abogados del empresario patagónico consideraron que el fiscal debía apartarse porque su hermana es dirigente de la Coalición Cívica. La jueza Gabriela Lanz y luego la Cámara del Crimen ratificaron su investigación, pero el caso se terminó unificando con la causa por lavado de dinero que lleva adelante el juez federal Sebastián Casanello.
La investigación
Campagnoli comprobó una maniobra de Báez y sus allegados para repatriar 65 millones de dólares que antes habían sido fugados al exterior a través de la financiera SGI conocida como "La Rosadita". Las empresas vinculadas a Báez vendieron títulos públicos en la Bolsa, luego los convirtieron a pesos y los depositaron en la cuenta que Austral Construcciones tiene en el Banco de la Nación.
Los abogados denunciaron al fiscal por "abuso de poder" y "mal desempeño", y lograron que el caso sea estudiado por el Consejo Evaluador del Ministerio Público Fiscal, integrado por cinco fiscales, cuatro de ellos de la agrupación "Justicia Legítima".
La Procuradora General Alejandra Gils Carbó convalidó esta semana el dictamen del Consejo Evaluador y dispuso elevar el caso al Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público. Además, la Procuradora -autora intelectual de "Justicia Legítima"- le pidió al Tribunal que disponga la suspensión de Campagnoli hasta que se defina si debe ser removido por mal desempeño.
Para Gils Carbó, el fiscal adoptó una conducta "carente de mesura, prudencia y circunspección, así como una actitud desafiante frente a las instituciones, que resultó además incompatible con la investigación seria de los delitos que supuestamente buscaba perseguir".
