En concepto de pensiones y salario universal, ingresan unos 23 millones de pesos por mes. Los beneficiarios dice que sólo les permiten sobrellevar el momento y reclaman más asistencia.
“Antes íbamos al barrio Unión y preguntábamos: Quién quiere trabajar y llenábamos la camioneta de empleados”, expresó un vecino que pidió reserva de su nombre. “Hoy me preguntan cuánto pagan por día y cuando les digo 150 pesos o 200 pesos ni se mosquean; “muito poco” (muy poco) dicen y siguen con el tereré”.
El relato de este vecino refleja lo que sucede en uno de los barrios, recostado sobre el río Uruguay, con más necesidades de esta localidad. Al igual que en el barrio Estación, son asentamientos donde abundan las carencias y los planes sociales, especialmente las Pensiones No Contributivas otorgadas por la Nación y cuya escandalosa distribución es materia de investigación en el municipio de Candelaria (Ver: La investigación).
En tanto, en el municipio de El Soberbio similar escándalo estalló en el 2010, cuando las radios locales y las publicaciones periodísticas hicieron que se conociera a nivel provincial la situación.
El ahora intendente suspendido Alberto Coleco Krysvzuk, había manifestado en el recinto del Concejo Deliberante que llegaban a esta localidad por mes, unos 23 millones de pesos en concepto de planes sociales.
En la actualidad, “es imposible ir al cajero, los primeros días de mes no podés entrar. La cola se hace insoportable” dijo la vecina Cristina Pereira.
Los beneficiarios
Basta recorrer el barrio para encontrarse con los beneficiarios de los planes sociales. “Es lo que hay, porque no tenemos posibilidades de trabajo aquí”, aseguró Ramona Michells (41 años), que está al cuidado de sus cuatro hijos.
A su lado, Susana Da Silveira, con dos hijos a cargo, también vive de las pensiones.
“Recibimos unos 900 pesos, más el salario por los chicos”, cuentan en el barrio Estación, donde a cada paso hay beneficiarios de estas asistencias estatales.
Elvira Generoso (57) tiene cinco hijos y vive como puede en su humilde vivienda. “No hay nada de ayuda de la Municipalidad acá”, asegura.
Ricardo Daniel Llera, sabiendo que todos consiguen los beneficios también mostró los papeles de inicio para acceder a una pensión, pero es uno de los pocos que no tuvo aún la fortuna de obtener este beneficio.
“Hace un año vine de San Vicente, pero acá está peor no hay trabajo, nada. Vivo de la changa”, añadió por su lado Roberto Generoso, un joven que plantea la escasas posibilidades de salir adelante en este olvidado barrio.
Alta discapacidad
En esta localidad, se conocieron certificados médicos que aseguraban más del 90 por ciento de incapacidad.
Esta situación llegó a salpicar la transparencia de funcionarios públicos y médicos de El Soberbio.
A su vez, a raíz del controvertido abuso de certificados por discapacidad otorgados, llegaron hasta el municipio representantes del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y de la Anses (Administración Nacional de Seguridad Social) con el fin de corroborar 800 diagnósticos.
El viernes 17 de septiembre del 2010, la directora del Hospital de El Soberbio de ese entonces, Sandra Besold, recibía un llamado del representante del Ministerio de Acción Social de la Nación, para poner en aviso a las autoridades que se iban a cambiar los formularios que otorgaban las pensiones. Además le dijo que desde el Ministerio de Salud de la provincia determinaron que la única médica autorizada a verificar, auditar y firmar los diagnósticos que se realizaban en el municipio a partir de la fecha, sería la doctora Besold.
El lunes siguiente llegaron hasta el Hospital algunos representantes de Anses, un médico auditor y una trabajadora social a dialogar con la directora y Krysvzuk.
Al entonces jefe comunal le “informaron” que habían notado desde el Ministerio de Acción Social de la Nación un abuso en la entrega de certificados por discapacidad que aseveraban más del 90% de invalidez en más del 20 por ciento de los casos y que la mayoría de los diagnósticos no avalaban el grado de incapacidad que figuraba escrito en esos legajos.
Pero pasaron tres años y todo siguió casi igual. “Se cuidan un poco más”, sostienen.
Reconocen que así como hay quienes no padecen ninguna discapacidad y cobran este beneficio, otros que sí necesitan y no pueden obtener este beneficio.
El intendente interino a cargo de la comuna, Juan Carlos Pereira tenía un programa de radio, donde pasaba música y se daba a conocer en qué estado se encontraba el trámite o si faltaba un papel o no. También informaba cuándo debía pasar a cobrar.
“Esto se ha convertido en una fábrica de votos para quienes detentan el poder y un mal para la comunidad que no consigue mano de obra, debido a que en algunos hogares se consiguen dos o tres pensiones y pasan el mes”, cuestionó un empresario.
Pero también es sólo eso. No les alcanza para progresar. Es sobrevivir y representa otros de los desafíos que tiene El Soberbio para salir adelante.
El relato de este vecino refleja lo que sucede en uno de los barrios, recostado sobre el río Uruguay, con más necesidades de esta localidad. Al igual que en el barrio Estación, son asentamientos donde abundan las carencias y los planes sociales, especialmente las Pensiones No Contributivas otorgadas por la Nación y cuya escandalosa distribución es materia de investigación en el municipio de Candelaria (Ver: La investigación).
En tanto, en el municipio de El Soberbio similar escándalo estalló en el 2010, cuando las radios locales y las publicaciones periodísticas hicieron que se conociera a nivel provincial la situación.
El ahora intendente suspendido Alberto Coleco Krysvzuk, había manifestado en el recinto del Concejo Deliberante que llegaban a esta localidad por mes, unos 23 millones de pesos en concepto de planes sociales.
En la actualidad, “es imposible ir al cajero, los primeros días de mes no podés entrar. La cola se hace insoportable” dijo la vecina Cristina Pereira.
Los beneficiarios
Basta recorrer el barrio para encontrarse con los beneficiarios de los planes sociales. “Es lo que hay, porque no tenemos posibilidades de trabajo aquí”, aseguró Ramona Michells (41 años), que está al cuidado de sus cuatro hijos.
A su lado, Susana Da Silveira, con dos hijos a cargo, también vive de las pensiones.
“Recibimos unos 900 pesos, más el salario por los chicos”, cuentan en el barrio Estación, donde a cada paso hay beneficiarios de estas asistencias estatales.
Elvira Generoso (57) tiene cinco hijos y vive como puede en su humilde vivienda. “No hay nada de ayuda de la Municipalidad acá”, asegura.
Ricardo Daniel Llera, sabiendo que todos consiguen los beneficios también mostró los papeles de inicio para acceder a una pensión, pero es uno de los pocos que no tuvo aún la fortuna de obtener este beneficio.
“Hace un año vine de San Vicente, pero acá está peor no hay trabajo, nada. Vivo de la changa”, añadió por su lado Roberto Generoso, un joven que plantea la escasas posibilidades de salir adelante en este olvidado barrio.
Alta discapacidad
En esta localidad, se conocieron certificados médicos que aseguraban más del 90 por ciento de incapacidad.
Esta situación llegó a salpicar la transparencia de funcionarios públicos y médicos de El Soberbio.
A su vez, a raíz del controvertido abuso de certificados por discapacidad otorgados, llegaron hasta el municipio representantes del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y de la Anses (Administración Nacional de Seguridad Social) con el fin de corroborar 800 diagnósticos.
El viernes 17 de septiembre del 2010, la directora del Hospital de El Soberbio de ese entonces, Sandra Besold, recibía un llamado del representante del Ministerio de Acción Social de la Nación, para poner en aviso a las autoridades que se iban a cambiar los formularios que otorgaban las pensiones. Además le dijo que desde el Ministerio de Salud de la provincia determinaron que la única médica autorizada a verificar, auditar y firmar los diagnósticos que se realizaban en el municipio a partir de la fecha, sería la doctora Besold.
El lunes siguiente llegaron hasta el Hospital algunos representantes de Anses, un médico auditor y una trabajadora social a dialogar con la directora y Krysvzuk.
Al entonces jefe comunal le “informaron” que habían notado desde el Ministerio de Acción Social de la Nación un abuso en la entrega de certificados por discapacidad que aseveraban más del 90% de invalidez en más del 20 por ciento de los casos y que la mayoría de los diagnósticos no avalaban el grado de incapacidad que figuraba escrito en esos legajos.
Pero pasaron tres años y todo siguió casi igual. “Se cuidan un poco más”, sostienen.
Reconocen que así como hay quienes no padecen ninguna discapacidad y cobran este beneficio, otros que sí necesitan y no pueden obtener este beneficio.
El intendente interino a cargo de la comuna, Juan Carlos Pereira tenía un programa de radio, donde pasaba música y se daba a conocer en qué estado se encontraba el trámite o si faltaba un papel o no. También informaba cuándo debía pasar a cobrar.
“Esto se ha convertido en una fábrica de votos para quienes detentan el poder y un mal para la comunidad que no consigue mano de obra, debido a que en algunos hogares se consiguen dos o tres pensiones y pasan el mes”, cuestionó un empresario.
Pero también es sólo eso. No les alcanza para progresar. Es sobrevivir y representa otros de los desafíos que tiene El Soberbio para salir adelante.
La indagatoria por las PNC
Por la entrega irregulares de las Pensiones No Contributivas (PNC) a pobladores de Candelaria, entre ellas a familiares del intendente Carlos Flores, la Justicia comenzó a llamar a indagatoria. En principio la investigación avanza sobre al menos 300 expedientes, que fueron falsificados para intentar acceder a este beneficio social.
El juez de Instrucción Uno, Marcelo Cardozo, encabeza la indagatoria a quienes estarían vinculados con esta maniobra. En principio, se abocará a quienes fueron parte de la anomalía para acceder a dicho beneficio. Aunque como se viene consignando, en la maniobra también estarían implicados funcionarios locales y hasta médicos que habrían facilitado los trámites exigidos por organismos nacionales.
En mayo del 2012, El Territorio daba cuenta en forma exclusiva de las primeras irregularidades de las PNC. Luego de una auditoría, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación resolvió suspender el acuerdo firmado con este municipio, que permitía administrar el otorgamiento de pensiones por invalidez que desembocó en una escandalosa entrega del beneficio a parientes y amigos del intendente Flores.
El organismo nacional suspendió las pensiones que estaban siendo otorgadas a los amigos del poder local.
El objetivo principal del beneficio otorgado por la Nación, consiste en promover el acceso a derechos de personas y familias en situación de vulnerabilidad social. Pero en Candelaria, destinaban a familiares de la administración comunal.
Fuente: Diario El Territorio
