El organismo consideró en el inicio de los alegatos que Fernando De la Rúa, presidente entre 1999 y 2001, actuó como "instigador del delito de peculado y cohecho activo agravado" y por ello pidió el término de seis años y medio de prisión.
En el mismo proceso son juzgados el ex secretario de inteligencia Fernando de Santibañes, el ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique, cuatro ex senadores y un ex empleado del Congreso que confesó ante la justicia haber sido el nexo entre el Poder Ejecutivo y los legisladores para el pago de sobornos.
